1. MARCAS NO TRADICIONALES

Se modifica el concepto de marca para dar lugar a la protección de marcas no tradicionales, (sonoras, olfativas, imagen de negocio o trade dress) y se añade la figura de la “distintividad adquirida” o “secondary meaning”, para marcas en principio no registrables por descriptivas, genéricas o poco originales, pero que adquieren distintividad por el uso especial que les da su titular en el mercado.

2. MARCAS COLECTIVAS

Se complementa el capítulo de marcas colectivas con la inclusión de las marcas de certificación, señalando su regulación y ámbito de protección, así como ampliando los requisitos de deben contener las reglas de uso para este tipo de marcas.

3. LEYENDAS, FIGURAS NO RESERVABLES Y NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE

Deja de ser necesario señalar las leyendas y figuras no reservables y la nacionalidad de los solicitantes de marcas en los formatos de solicitud.

4. ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICOS

Se impone la obligación de incluir “específicamente” los productos o servicios a proteger con la marca, es decir, a partir de esta reforma los encabezados generales de las clases (“heading class”) no serán aceptadas como descripción única.

5. MALA FE

Se incluye la prohibición de registro a marcas solicitadas de mala fe, es decir de aquellas marcas que buscan obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio del legítimo titular de la marca.

6. IMAGEN DE LA PERSONA

Se da mayor protección a la imagen de las personas al prohibir el registro como marca de la imagen, voz identificable, retrato y firma de las mismas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.

7. CARTAS CONSENTIMIENTO

Se reglamenta por primera vez el uso de cartas consentimiento para la obtención de registros marcarios, que regularmente se presentaban en la práctica cotidiana, pero que ahora ya estarán reconocidos en la Ley.

8. CAMBIOS EN LA OPOSICION

Se modifica el capítulo relativo al procedimiento de oposición incluyendo ahora un periodo de alegatos, obligando a la Autoridad a emitir una resolución en la oposición fundada y motivada.

9. USO DE LA MARCA “TAL Y COMO FUE REGISTRADA”

Se señala que las marcas deberán usarse “tal y como fueron registradas”, eliminando la posibilidad de usarlas con modificaciones que no alteraran el carácter distintivo.

10. MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS

Dentro del capítulo correspondiente a las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, para poder solicitar que la misma sea declarada o estimada Notoria o Famosa, se elimina la necesidad de tener que contar con un registro en México que cubra los productos o servicios en los que la marca originó su fama o notoriedad.

Con relación a los supuestos en los que procederá la nulidad de la declaratoria de fama o notoriedad, se han eliminado aquellos que referían a la falsedad de las pruebas en las que se sustente la declaratoria y cuando ésta se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

11. USO REAL Y EFECTIVO DE UN REGISTRO DE MARCA

Se incluye la obligación del titular de una marca de declarar el uso real y efectivo de su marca al cumplirse tres años de su concesión, otorgando para ello un plazo de tres meses, de lo contrario, el registro se considerará como caduco. Esta declaración de uso aislada es por una sola vez ya que en lo sucesivo se mantiene la obligación de declarar el uso de la marca pero como parte del trámite de renovación.

Todos los Registros Internacionales que sean presentados a través del Protocolo de Madrid, se encuentran incluidos en la comprobación del uso real y efectivo.

12. PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

En materia de procedimientos de declaración administrativa, las novedades que la reforma introduce a la legislación vigente son:

Introduce como causales de nulidad las siguientes: Los registros obtenidos por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular, o por cualquier otra persona que haya tenido relación directa o indirectamente con el titular. (artículo 151 – V) y los registros obtenidos de mala fe.  (artículo 151 . VI)

Introduce como infracción administrativa:

-El uso como marca de los nombres de lugares de propiedad particular cuando se distingan por la producción de ciertos productos;

-El uso como marca de los nombres, apellidos, apelativos o pseudónimos de personas que hayan adquirido prestigio;

-El uso como marca de los nombres de obras literarias o artísticas, sus elementos y personajes;

-El uso como marcas de signos susceptibles de engañar o inducir a error;  

-El uso como marca de denominaciones estimada o declaradas notorias o famosas

La ley no había tenido enmiendas tan amplias y sustanciales en muchos años, por lo que consideramos que estos cambios fortalecerán el sistema de Propiedad Industrial en México y reforzarán los derechos de nuestros clientes.

Quedamos en contacto para cualquier duda o aclaración.

1.- En el artículo 90 que establece lo que no es susceptible de registro como marca, se aclara el concepto de zonas geográficas, por lo cual ahora no serán registrables las zonas geográficas y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando estos puedan originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos o servicios. Tampoco serán protegibles las expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que pudieran crear confusión o impliquen competencia desleal.

2.- Se regulariza la protección a las DENOMINACIONES DE ORIGEN en México y se introduce la protección a las INDICACIONES GEOGRÁFICAS, con un tratamiento similar al que la propia Ley contempla para las marcas, a saber:

2.1- La protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se iniciará a partir de una declaratoria emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea de oficio o a petición de parte interesada, que cumpla con los diversos requisitos que indica la propia Ley;

2.2- Señala los casos en que no podrá protegerse una denominación de origen o una indicación geográfica;

2.3- Señala los requisitos para obtener y renovar la declaratoria, su vigencia y la posibilidad de transformar una denominación de origen en indicación geográfica y viceversa;

2.4- Contempla la posibilidad de oponerse a una declaratoria de protección;

2.5.- Contempla las reglas a cubrir para poder obtener una autorización para el uso de una denominación de origen o una indicación geográfica.

3.- Se regulariza la protección en México de las DENOMINACIONES DE ORIGEN extranjeras señalando un procedimiento de reconocimiento y protección.- Este procedimiento puede ser muy útil para defender una denominación de origen y/o indicación geográfica extranjera en México, mismas que a falta de regulación se venían protegiendo como marcas ordinarias o colectivas.

La reforma entrará en vigor el 27 de abril de 2018.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Como tal, la enmienda al artículo 36 de la LPI ahora leerá como sigue:

Artículo 36.- El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes, Los registros de diseños ·industriales y sus renovaciones serán publicados en la Gaceta.

El artículo 36 BIS leerá como sigue:

Artículo 36 BIS. - La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 de esta ley. 

Dado lo anterior, lo siguiente debe ser notado: 

PRIMERO. - Las enmiendas a la LPI entrarán en vigor el día 25 de abril de 2018.

SEGUNDO, - Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los solicitantes interesados pueden requerir que el trámite se continúe con base en las recientes enmiendas a la LPI. Los solicitantes tendrán un término que expira el 05 de junio de 2018 para presentar el escrito correspondiente solicitando el cambio.  

Si el cambio anteriormente referido se solicita, el Instituto podrá requerir la reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones que sea necesaria para continuar el trámite de su solicitud original de diseño industrial conforme a las enmiendas a la LPI. 

TERCERO. - Para los registros de Diseños Industriales otorgados con anterioridad a abril 25, 2018, éstos conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y deberán continuar pagando los quinquenios o anualidades, según sea el caso de acuerdo con las Tarifas correspondientes. 

CUARTO. - Los registros de diseños industriales otorgados antes de abril 25 de 2018 podrán renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años después de su periodo de vigencia de 15 años, sin que su vigencia exceda veinticinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la vigencia original de quince años, en los términos previstos en la Ley.

Así pues, para solicitudes de Diseños Industriales y con el fin de obtener un plazo de veinticinco años de protección (en vez de 15 años como es actualmente), les sugerimos nos instruyan a presentar el escrito para solicitar a la Oficina de Patentes que continúe el trámite del Diseño con base en las enmiendas a la ley. El escrito deberá ser presentado antes del 05 de junio de 2018. Por lo tanto, agradecemos sus instrucciones antes del 24 de mayo de 2018.

Con respecto a los Diseños ya otorgados, presentados después del 25 de abril de 2003, recomendamos presentar la solicitud de renovación dentro de los seis meses anteriores a la finalización del plazo original de quince años.

Para Diseños Industriales presentados entre el 25 de abril de 1993 y el 24 de abril de 2003, no es claro si estos diseños serán sujetos a renovación toda vez que ya son del dominio público. Es posible que si solicitamos la renovación el IMPI la negará, y se tendría que litigar la renovación ante la Corte. 

Normalmente se busca la asesoría de un abogado especializado en Propiedad Industrial, quién se encargará del seguimiento puntual del proceso, hasta la obtención de la patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso comercial, entre otras figuras que contempla la Ley de la Propiedad Industrial.

Al efecto, tras haber realizado el trámite correspondiente, a la recepción del título, el titular asume que sus derechos están debidamente protegidos. No obstante, no es del todo cierto, ya que debe de cumplir con una serie de requisitos para poderlos conservar y hacerlos valer en su momento.

Entre otros, como el pago de anualidades en caso de las patentes, están los establecidos por el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

 “Artículo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.”

De la lectura de este precepto se desprende que, de no haber incluido las leyendas o indicaciones que señalan los artículos 26 y 131 de la Ley, es decir la mención de que la patente está en trámite o que ya fue concedida; o, en el caso de  marcas concedidas, la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®; entonces las sanciones establecidas en las diversas disposiciones no podrán ser aplicables.

El alcance de este precepto es cuestionable, ya que el “castigo” de no poder aplicar las acciones mencionadas, por el simple hecho de no haber incluido alguna de las leyendas referidas, resulta completamente desproporcionado, lo que iría en contrario a lo establecido por el artículo 22 de nuestra Carta Magna ya que en él se advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido.

Por otro lado, si se incluye la leyenda, pero en realidad no se tiene el derecho de hacerlo, entonces se estaría en un supuesto de una infracción administrativa, lo que conlleva a una posible sanción económica en contra del infractor.

Lo mencionado hace incluso más injusto que, como consecuencia de una simple omisión por parte del titular que no se jacte de tener un derecho, aun teniéndolo de facto, resulte en que no pueda ser beneficiado de la aplicación de una sanción económica en contra de un tercero que se aproveche de su derecho de propiedad industrial.

Parecería que el sistema está destinado para que el que invierte en tecnología tenga que tomar todas las medidas necesarias para demandar a un infractor, y no que un infractor tome las medidas necesarias para no infringir. 

De lo anterior concluimos que quizá la medida más sencilla sería que la autoridad incluyera en el título de registro la mención expresa de la obligatoriedad de la inclusión de las multicitadas leyendas, para que el titular tenga plena conciencia de ello, para poder proteger posteriormente los derechos de propiedad industrial, en caso de que fuere necesario. Esto evitaría tener que acudir a medidas como la publicación en un periódico de circulación nacional haciendo del conocimiento público que sus productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial, para poder solicitar una infracción en contra de algún tercer infractor.

La OMPI también incluyó una lista orientada a las Universidades que más solicitudes PCT presentaron el año pasado. Como es de suponer, la Universidad de California encabeza la lista y en los siguientes nueve lugares se ubican: Instituto Tecnológico de Massachusetts (234),  Sistema de la Universidad de Texas (154), Universidad de Harvard (147), Universidad John Hopkins (135), Universidad de Stanford (113), Universidad de Columbia (112), Instituto Tecnológico de California (103), Universidad de Pensilvania (94) y Universidad Nacional de Seúl (92). Es notoria la predominancia de universidades de Estados Unidos.

Nadie duda del nivel académico de las universidades antes mencionadas, todas figuran en el “Academic Ranking Of World Universities 2014” publicado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái de China. La Universidad de California se colocó en el cuarto puesto siendo superada por las Universidades de Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussets. La UNAM, por su parte, fue catalogada en el lugar 201-300 y es la única universidad mexicana que aparece.

Indiscutiblemente el nivel académico de las universidades norteamericanas es un factor importante para la generación de patentes; sin embargo, otro factor determinante es la vinculación de las IES con el sistema universidad-empresa-gobierno que se encuentra regulado por el Acta Bayh-Dole desde 1980 La Universidad de California es un claro ejemplo del efecto que dicho sistema ha tenido en el incremento significativo del número de patentes registrado por las IES en Estados Unidos desde la promulgación de dicha Acta.

El Acta Bayh-Dole regula la transferencia de tecnología y conocimientos generados en las Universidades con fondos públicos hacia la industria, de manera que el público en general se beneficia de productos útiles mientras se estimula la economía mediante la fabricación y venta de dichos productos. Se estima que entre 1996-2007 la economía norteamericana se benefició con USD$187 billones derivados de acuerdos de licenciamientos de investigaciones generadas en las universidades. Adicionalmente, la movilización de conocimientos y tecnología desde las Universidades a la industria ha fomentado la creación de “start-ups” (empresas que comercializan nuevas tecnologías).

Algunos ejemplos de invenciones que se originaron en las universidades norteamericanas con fondos financiados con recursos federales son las siguientes:

• Agentes terapéuticos de Cisplatino y Carboplatino, Universidad del Estado de Michigan.

• Suplemento de Calcio, Citracal®, Centro Medico de la Universidad de Texas del Suroeste.

• Neupogen®, medicamento empleado junto con quimioterapia, Instituto de Cáncer del Memorial Sloan Kettering.

• Procesos para insertar ADN en células eucariotas y para producir material proteínico, Universidad de Columbia. 

• Tecnología de ADN recombinante, Universidad de Stanford y Universidad de California.

• Gotas oftálmicas TRUSOPT® empleadas en glaucoma, Universidad de Florida.

Si bien los críticos del Acta Bayh-Dole cuestionan sus beneficios, argumentando, entre otros, los altos precios de las tecnologías y productos patentados que limitan su acceso al público y la tendencia de los centros de investigación de cambiar la investigación básica (y sus inherentes beneficios) hacia la investigación aplicada, particularmente hacia aquellos campos de mayor interés para las industrias, etc.; es innegable que dicha Acta ha sido determinante para la vinculación de las Universidades-Empresas y Gobierno en las últimas tres décadas, lo que le valió ser denominada en 2002 por The Economist como “posiblemente la pieza legislativa más inspirada promulgada en América en la mitad del medio siglo…”. 

En el caso de México, ¿Qué sucede con el quehacer científico? y ¿Cómo se está beneficiando la sociedad de las investigaciones financiadas con fondos públicos? Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) establece que los órganos de gobierno de centros públicos de investigación pueden determinar las reglas de operación de los mismos (Artículo 50, fracción V) y pueden decidir sobre la propiedad intelectual que surja de proyectos de investigación (Artículos 51 y 56, fracción XI), el número de patentes presentadas por las IES es aún bajo.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en julio pasado, en el período de 2009 y casi la mitad de 2014, el IMPI recibió 81,733 solicitudes de patentes, de este número entre 89-93% de las solicitudes presentadas correspondieron a empresas, entre 5-6% pertenecieron a inventores independientes y únicamente entre el 3-4% fueron de Universidades e Institutos de Investigación.  

En el citado comunicado también se destacó que en el período de estudio el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presentó 283 solicitudes de patente, la Universidad Nacional autónoma de México 233, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 98, el Instituto Politécnico Nacional 90, la Universidad Autónoma de Nuevo León 72 y la Universidad Autónoma Metropolitana 51. 

Cuando se comparan estos resultados con el número de artículos científicos publicados por las universidades mexicanas se aprecia una enorme diferencia. En 2011, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC publicó6 su evaluación de la Producción científica Mexicana en el período de 2003-2009. La UNAM se colocó en la primera posición con 23,132 artículos publicados (en revistas indizadas en cada institución de referencia), en segundo lugar se ubicó el CINVESTAV con 8,041 artículos y en tercer lugar se encontró el IPN con 6,646 publicaciones. El Informe Desempeño en ciencia e innovación del G20, de Thomson Reuters, señaló que la producción científica mexicana creció 65 por ciento en la década pasada, al pasar de poco más de 6 mil publicaciones en 2003 a superar las 10 mil en 2012.

Dichos resultados permiten afirmar indudablemente que las Universidades y Centros de Investigación en México están trabajando en diferentes proyectos de investigación y generando conocimientos que después vierten en divulgaciones científicas. Sin embargo, la disparidad entre las publicaciones científicas y el número de patentes presentadas permiten suponer razonablemente que el conocimiento y tecnologías producidas no están siendo debidamente protegidas mediante patente y, en consecuencia, no llegan a comercializarse ni crean beneficios importantes en la economía nacional. 

Es fundamental que las IES fomenten una cultura de protección de su propiedad intelectual entre sus investigadores y, por otra parte, que se creen vínculos efectivos de cooperación con las empresas, pues las IES no cuentan con la infraestructura para comercializar sus tecnologías y, paralelamente, las empresas tampoco disponen del tiempo o los recursos humanos y  materiales que demandan las investigaciones, particularmente aquellas en los campos de salud, biotecnológico, desarrollo de nuevos fármacos, etc. 

Esta vinculación es también un recurso valioso para que  la inversión a IES que realiza el gobierno con recursos públicos favorezca la economía nacional mediante la fabricación y comercialización de productos novedosos y útiles para la población, y al mismo tiempo promueva la creación de nuevas empresas y mejores fuentes de empleo. 

Referencias:

1: http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2015_774_annexes.pdf#page=1

http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2015_774_annexes.pdf#page=3

2: Sistema Universitario y no un solo campus. 

3 Mowery, David and Sampat, Bhaven. 2004. The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer: A Model for Other OECD Governments?

4. Patents, Profits and the American People – The Bayh-Dole Act of 1980.

5. http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_026_2014.pdf

6. http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/ranking_por_institucion_2011.pdf

Ambos derechos pueden o no pertenecer a la misma persona/autor.

El derecho patrimonial tiene una vigencia por toda la vida del autor y por 100 años contados a partir de su muerte.

Aunado a lo anterior, la protección de las obras inicia desde que las mismas son puestas en un soporte material, es decir desde que se crean, sin necesidad de que se cuente con un registro previo que constituya ese derecho.

La conveniencia de la protección de este tipo de obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor mediante una inscripción de obra, radica en que dicha inscripción permite contar con un medio de reconocimiento de la calidad de autor o causahabiente de una obra, así como, el que constituya un instrumento que permite probar el interés jurídico para iniciar cualquier acción legal en defensa del derecho de autor frente a terceros.

El derecho de autor abarca las obras literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas, escultóricas, gráficas, arquitectónicas, cinematográficas, audiovisuales, fotográficas, de diseño, de cómputo y las combinaciones de todas estas.

Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor también es posible proteger las publicaciones periódicas (periódicos, revistas, directorios, cabezas de columna, folletos, boletines, suplementos, calendarios, gacetas, catálogos, guías y agendas), personajes (ficticios o simbólicos y humanos o de caracterización ), difusiones periódicas (programas de radio y T.V. y difusión vía red de cómputo) , nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y por último, promociones publicitarias, todas ellas amparadas a través de una Reserva de Derechos.

Una obra amparada por la Ley Mexicana cuenta con protección ampliada a ciertos países con los cuales México tiene celebrados acuerdos internacionales en materia de derechos de autor, donde los países miembros han reconocido la protección de las obras mexicanas en sus naciones.

Reformas:

Las disposiciones relativas al Derecho de Autor en México están reguladas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual fue reformada de manera reciente y en específico con fecha  14 de julio de 2014, para adecuarla a las reformas estructurales que ha sufrido nuestro país y en concreto a las normas en materia de telecomunicaciones.

Con las mencionadas reformas en materia de telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal busca instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, que permita a la población acceder a la banda ancha y a otros servicios de telecomunicaciones de manera más accesible.

El principal objetivo de la Reforma en materia de Telecomunicaciones,  es que los mexicanos se beneficien económicamente de una mayor competencia en servicios como: telefonía fija y móvil, Internet, televisión abierta y de paga y radio,  así por ejemplo, los suscriptores de televisión de paga, tendrán derecho a ver los canales de televisión abierta sin costo adicional, figura a la que se conoce como must carry-must offer, mediante la cual todos los concesionarios de señal restringida deben de “subir” a sus sistemas, los canales de televisión abierta que califican para ello por el alcance de su señal.

La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, da sustento a lo anterior y señala lo siguiente:

Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

A su vez los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.

Artículo 164

En virtud de lo anterior, contenidos de televisión amparados por la Ley Federal del Derecho de Autor, por ejemplo: programas de televisión abierta,  cuya titularidad y aprovechamiento exclusivo corresponde a sus titulares, serán susceptibles de retransmisión gratuita por terceros, como por ejemplo: las empresas de televisión de paga, sin autorización expresa y con las limitaciones de ley, por lo cual la Ley Federal del Derecho de Autor ha sido reformada para señalar que los titulares de los derechos patrimoniales, como por ejemplo los organismos de radiodifusión, podrán autorizar o prohibir cualquier utilización pública de sus obras pero  sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan.

Si bien es cierto que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor responde a la necesidad de armonizar nuestra legislación con las reformas estructurales y en concreto en materia de telecomunicaciones, buscando con ello mayor beneficio para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y mejorando la competitividad,  existen fuertes críticas a la reforma que señalan que la misma transgrede principios básicos en materia de derechos de autor, principalmente en relación a los derechos conexos, ya que, entre otras cosas, no se reconoce el derecho al pago de “regalías” a quien invierta en producir contenidos, por la comunicación pública de estos.

Dentro de la reforma, se le otorga la facultad al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos. Lo anterior, respecto a infracciones en materia de derechos de autor, considerando que la facultad de sancionar las infracciones en materia de comercio, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Por otra parte, dentro del procedimiento conciliatorio de avenencia, la reforma incrementó el monto de la multa a quien no asista a alguna junta cuando así lo requiera la autoridad, de 100 a 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

Finalmente y tratándose de infracciones en materia de comercio, la reforma dota a los Tribunales Federales la facultad para ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, facultad que anteriormente estaba conferida exclusivamente al IMPI. Esta medida permite que los titulares afectados, opten por la vía judicial en cualquier momento, incluso, antes de agotar la vía administrativa. 

Resulta oportuno señalar que con la reforma referida no se crea ninguna nueva figura jurídica sino se establece la ampliación de facultades de las autoridades, con la finalidad de dar certeza jurídica a autores, sociedades de gestión colectiva, apoderados y causahabientes.

Con la reforma, se busca subsanar prácticas que injustificadamente prolongan el tiempo de los procedimientos de litigio y no brindan a la autoridad las herramientas suficientes para hacer de la justicia un acto expedito.

Como se podrá vislumbrar, el desarrollo de nuevas invenciones siempre supone un gasto importante para su desarrollador (empresas, centro de investigación, universidades, inventores independientes, etc.). Es en este escenario en donde la Propiedad Industrial, que incluye a las patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia, cobra relevancia.

La propiedad Industrial a través de sus diferentes figuras tiene como objeto la protección de las invenciones que representan una innovación dentro del campo al que están dirigidas. Así pues, los desarrolladores encuentran en la Propiedad Industrial un incentivo para seguir invirtiendo en I + D.

En el caso particular de las patentes, que otorgan a su titular un derecho de protección exclusiva por 20 años a partir de la presentación de la solicitud ante la Oficina de Patentes, éstas han cobrado notoriedad en los últimos años. Originalmente, con la obtención de una patente se buscaba excluir a posibles competidores de vender o fabricar los productos protegidos. Sin embargo, hoy día, las patentes forman parte fundamental de los “activos intangibles” de una empresa. En 1980 la cartera de propiedad industrial de una empresa representaba en promedio alrededor del 20% del valor de ésta, pero en la actualidad, dicha contribución se ha incrementado a un 80%, o incluso hasta un 90%, del valor de la misma.

La Compañía Bayer, que recientemente celebró su 150 aniversario, y que se ha distinguido por el desarrollo de un gran número de productos y servicios innovadores en las áreas de salud, agricultura y materiales de altas prestaciones, reveló que la clave de su éxito se encuentra en la innovación. Como prueba de ello, en 2012 presentó más de 600 solicitudes de patente en todo el mundo.

Pero, ¿Por qué patentar una invención forma parte estratégica del negocio de las compañías actuales? Entre las razones que se pueden mencionar se encuentran las siguientes: 

• Las patentes otorgan a su titular un monopolio legal reconocido por el Gobierno para la explotación y comercialización exclusiva de su invención por un período de tiempo determinado. Período que permite la generación de ganancias directas de dicha explotación. Cuando la vigencia de una patente termina también el derecho de exclusividad. La Industria farmacéutica dejó de percibir más de 100,000 millones de dólares en ventas de fármacos debido al vencimiento de patentes entre 2009 y 2012. 
• Las patentes coadyuvan a posicionar la invención protegida en el mercado, pues constituyen barreras que impiden la entrada de la competencia.
• Permiten reclamar daños monetarios de terceros que utilicen la invención protegida sin consentimiento de su titular.
• La concesión de licencias para permitir que terceros usen y comercialicen la invención puede representar otra fuente de ingresos económicos importantes para su titular. Incluso, cuando éste no cuenta con recursos propios suficientes para la explotación de la invención, el licenciamiento constituye un elemento fundamental. La compañía fotográfica Kodak, que enfrentó serios problemas financieros debido a su entrada tardía a la era digital, aprovechó la innovación de sus patentes y ahora planea obtener ganancias entre 250 y 350 millones de dólares en los próximos años por el licenciamiento de algunas de sus patentes. 
• La venta de una patente (o portafolio de patentes) puede constituir ganancias significativas para su titular. AOL anunció a principios de 2012 la venta de más de 800 patentes y aplicaciones relacionadas a Microsoft Corp., por más de 1000 millones de dólares. 
• Las patentes son una fuente de innovación tecnológica, pues contienen información actualizada sobre productos y procesos específicos. 
• En una nueva modalidad de negocios, un inversionista no invierte en una empresa como tal sino en los activos que representan las patentes mediante la concertación de acuerdos de licencias. La empresa alemana IPB ha creado un método de evaluación de patentes que permite determinar el valor de una cartera de patentes y promueve la idea de patentar las invenciones en una economía basada en los conocimientos y la obtención de fondos valiéndose de las carteras de patentes. 

Las patentes, por tanto, son una herramienta estratégica imprescindible para el posicionamiento de una compañía en el mercado actual. 

Sin embargo, quien busca obtener una patente como parte de su estrategia de negocio debe tener en cuenta que la invención a proteger debe ser nueva, involucrar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. 

Adicionalmente, deberá poner especial atención en la redacción de la solicitud de patente, pues ésta tiene que reflejar todas las características innovadoras de la invención; de lo contrario, la solicitud puede ser objeto de rechazo por parte de la autoridad, o bien, aún cuando la patente pueda obtenerse, ésta no representará ningún valor para su titular. Es recomendable contar con asesoría especializada en todo momento para asegurar que el trámite de la patente se convertirá en una inversión y no en un desperdicio de dinero. 

En conclusión, ante la pregunta que muchos empresarios e inventores se hacen ante la disyuntiva de proteger o no sus invenciones, se puede señalar que, si bien el valor de una patente está dado primordialmente por los méritos de la invención, en un mundo en donde las oportunidades escasean y los competidores abundan, las patentes son una herramienta que permiten inclinar la balanza a su favor. 

©Panamericana de Patentes y Marcas, S.C.

A continuación mencionaremos, aquellos cambios que modifican la esencia de este medio de defensa constitucional:

• La ampliación del ámbito de protección del Juicio de Amparo, pues se da paso a la protección de los Derechos Humanos protegidos no solo por la Constitución Política de Nuestro País, sino aquellos derechos reconocidos en Tratados Internacionales de los cuales México es parte. Dicha circunstancia se podría traducir en que ahora, cualquier persona pueda tener acceso a la protección constitucional.
• Con la nueva Ley, el Amparo no solo puede solicitarse contra actos de Autoridad en perjuicio de los particulares, sino también por las omisiones en sus actividades. Este cambio sustancial en la Ley de Amparo, se verá complementado con las herramientas a las que se ha dotado a los Tribunales en cuanto a la ejecución de sus sentencias.
• Se reconoce el interés legítimo tanto individual como colectivo para interponer Juicio de Amparo. Así, grupos de interés y organizaciones sociales, podrán hacer uso del Amparo.
• Desaparece la caducidad de la instancia, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver el fondo del asunto.
• Se incorpora la tecnología a la tramitación de los juicios de Amparo, hecho que cambia el paradigma en la forma tradicional de la tramitación de los juicios de Amparo y es que ahora, los órganos jurisdiccionales podrán recibir promociones, documentos, comunicaciones, así como enviar a los interesados y poner a su disposición los acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con sus asuntos, por la vía electrónica.
• Con la creación de la resolución prioritaria, aquellos asuntos cuyos temas sean del interés público, o bien, que el actuar gubernamental dependa de su resolución, serán estudiados y resueltos.
• Se acortan los plazos para la interposición de los Recursos de Queja, de cinco a dos días, y se elimina el plazo de un año para su interposición contra los actos de las autoridades responsables que hayan sido del conocimiento de los Tribunales Colegiados, limitándolo a diez días, contados a partir de que la Autoridad responsable hubiere dado cumplimiento.

Una de las innovaciones más importantes de la nueva Ley de Amparo, es sin duda el Amparo Adhesivo, mediante el cual el tercero interesado puede adherirse al juicio de amparo principal haciendo valer violaciones procesales o a sus derechos humanos, que pudieran afectar sus intereses, o bien realizando argumentaciones para sostener la legalidad del acto impugnado. En la anterior Ley de Amparo, esta figura estaba reservada para el Recurso de Revisión. El plazo para interponerla es de quince días a partir de la fecha en que se notifica la admisión de la demanda de amparo.

Cabe decir que con la creación del Amparo Adhesivo se facilitará la impartición de justicia y se limitará la interposición de Juicios de Amparo adicionales en contra de los cumplimientos de ejecutorias.

• Se incluyen requisitos adicionales para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando no afecten el interés público, como el caso de telecomunicaciones, competencia económica, licitaciones, y cuando no contravengan disposiciones de orden público.
• Se crean mecanismos más estrictos y eficaces para que las Autoridades responsables den cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Esto es, dentro del término de tres días a los que se hubiere dictado sentencia por los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados, las autoridades responsables deberán dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de Amparo.
• Estos métodos de cumplimiento, contemplan inclusive sanciones de tipo pecuniario, o en su defecto, de responsabilidad penal contra aquellos servidores encargados del cumplimiento.
• Sin duda, uno de los cambios más significativos que se introdujeron en la nueva Ley de Amparo, es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Con la reforma al artículo 107, fracción II de la Constitución Mexicana, se acota, por no decir que desaparece, la llamada “cláusula Otero” promovida por Mariano Otero desde la Constitución de 1824, por lo que ahora los efectos de los juicios de amparo en los que se reclamen la inconstitucionalidad de normas y leyes podrán tener efectos generales sobre todo de carácter administrativo.

Con la nueva Ley de Amparo, en caso de que una norma general se considere inconstitucional por segunda ocasión y de forma consecutiva fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo informará a la autoridad que emitió esa norma.

Mismo caso, sucederá cuando se establezca la inconstitucionalidad por reiteración de jurisprudencia.

• Se ha eliminado el libro segundo, referente al Amparo en Materia Agraria, lo cual no quiere decir que desaparezca esta figura como se ha querido interpretar. El amparo en contra de sentencias dictadas en materia agraria sigue estando vigente.
• De igual manera, con la nueva de Ley de Amparo, se libera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de carga de trabajo, con el objetivo de consolidarla como Tribunal netamente Constitucional al delegarle una nueva instancia denominada Plenos de Circuito, la faculta de resolver contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito.
• Finalmente, el plazo para interponer la demanda de amparo se dejó sin cambios (regla general: 15 días hábiles), siendo que se había especulado sobre la posibilidad de ampliar el término a treinta e incluso cuarenta y cinco días hábiles.

Siendo que al día de hoy existen veintidós gTLDs disponibles, (ejemplos: .com, .net, .edu, .info, .org, .travel, etc.), el programa de creación de nuevos gTLDs incluye a cerca de dos mil solicitudes que refieren a términos genéricos, lugares y marcas (ejemplos: .energy, .party, .food, .omega, .hermes, .bridgestone, .swiss, .okinawa, .africa). La totalidad de solicitudes de nuevos gTLDs se pueden consultar en:
https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus

ICANN se encuentra aún tramitando las solicitudes de los nuevos gTLDs, pero se espera que el primer grupo sea lanzado durante 2013.

Así las cosas, con la finalidad evitar un “boom” parecido al de los noventa, en el que existió un registro desmedido de nombres de dominio por personas sin derechos legítimos, se ha implementado la denominada “Trademark Clearinghouse” para los nuevos gTLDs.

La “Trademark Clearinghouse”, consiste básicamente en una base de datos única y centralizada, que permitirá que titulares puedan inscribir sus marcas, antes y durante el lanzamiento de los nuevos gTDLs, teniendo principalmente dos finalidades:

• Otorgará a los titulares inscritos, un derecho prioritario de treinta días, previo al lanzamiento al público en general, para registrar sus marcas como nombres dominio en los nuevos gTLDs de su interés (Sunrise Period).
• Otorgará a los titulares inscritos, un servicio de vigilancia mediante el cual se les dará aviso de solicitudes de terceros que pretendan registrar nombres de dominio idénticos a marcas registradas (no aplica para marcas similares en grado de confusión), en los nuevos gTLDs (Trademark Claims Service).

Resulta oportuno señalar que desde el pasado 26 de marzo, es posible la inscripción de marcas en el sistema de la “Trademark Clearinghouse”. Para ello, es necesario que las marcas estén registradas a nivel nacional, validadas a través de un tribunal de justicia o protegidas por ley o tratado internacional.

Los costos de registro de una marca en la “Trademark Clearinghouse” son de US$150 por un año, US$435 por tres años y US$725 por cinco años.

En conclusión, este repositorio central de marcas, consiste exclusivamente en un mecanismo de notificación, tanto para el titular de la marca, tanto para el tercero solicitante del nombre de dominio, mas no impide el registro como tal. Por lo tanto, será responsabilidad de los titulares marcarios implementar otras medidas para salvaguardar sus derechos en materia de propiedad intelectual y así hacer frente a los nuevos gTLDs.

Para más información, ingresar a
http://trademark-clearinghouse.com

Existen diferentes tipos de oposición en el trámite de registro de marcas, cada uno con sus peculiaridades de acuerdo con la legislación de cada país donde están vigentes.

Esta figura ha estado presente en las legislaciones de diversos países por muchos años, no así para el caso de México donde hasta este momento existe únicamente una figura similar denominada observaciones de terceros, que consiste en un escrito libre presentado por aquel que considera que sus derechos pueden ser invadidos con la concesión de un registro, por el cual solicita la negativa de la solicitud de marca.

México está complétateme inmerso en las políticas internacionales de protecciónde los derechos de propiedad intelectual en general, y buscando armonizar la legislación al ámbito internacional, se propone incorporar en su sistema jurídico la figura de la oposición. 

El procedimiento de oposición como se está buscando para México, en un afán de armonizarlo con nuestra legislación, tiene claroscuros, por una parte representa un aumento considerable en los tiempos de registro de aquellas marcas que sufran oposición, pudiendo llegar hasta 15 meses en total cuando un trámite regular implica un mínimo de 6 meses, pero por otra parte, es una forma de garantizar la inviolabilidad de las marcas y asegurar de alguna forma que la marca que sea registrada no sufra vicios de nulidad con posterioridad a su registro, cuando su titular haya hecho ya movimientos corporativos y gastos tendientes a posicionar sus marcas en el mercado.

Como parte de las negociaciones de la “oposición a la Mexicana” se había hablado de que la oposición solo procedía por impedimentos absolutos (fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial -marcas o solicitudes de marca similares en grado de confusión-) sin embargo, el proyecto de reforma parece incluir también impedimentos relativos (nombres artísticos, emblemas, obras artísticas), lo cual abre la posibilidad que se había tratado de evitar de que terceros en afán de entorpecer los procedimientos de concesión, utilicen esas causales para oponerse, aunque por otro lado hay quien considera que es mucho mejor ampliarlo que limitarlo. Así podemos oponernos a que piratas profesionales registren nombres de diseñadores por ejemplo. También se incluyeron a los titulares de marcas notoriamente conocidas como posibles oponentes, lo cual permitirá que dueños de marcas conocidas en el extranjero, se opongan a su registro a favor de los piratas, evitando así secuestros de marcas.

Aún con todo lo anterior, se busca dejar en claro que la oposición no es un litigio (eg: un procedimiento con demanda, contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y resolución). La oposición es un paso más dentro del trámite de registro. Entonces, el oponente no se convierte en “parte”, y por lo tanto, no tiene derecho a una resolución fundada y motivada, así si la oposición no prospera, el IMPI se limitará a emitir el título y no una resolución. Si la oposición prospera, el IMPI negará el registro (como ya lo ha venido haciendo), fundando y motivando su resolución. El título per se no es motivo de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o de un Juicio de Amparo, se busca entonces forzar una demanda su nulidad ante el IMPI usando el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este es el esquema general de la reforma que se busca en materia de oposición y de la que se ha dado vista a promoventes y particulares para su opinión y sugerencias, debido al afán incluyente que ha caracterizado a nuestras Autoridades en las últimas administraciones. Sin embargo la versión final está en manos de los legisladores, nosotros debemos estar pendientes de un cambio más en la forma de protección de los Derechos de propiedad Intelectual en México, que como nunca antes están llegando en 2013 y para quedarse.

México ha fijado algunas modalidades para la aplicación del Protocolo de Madrid a saber:

• Nuestro país ha extendido el plazo de 12 a 18 meses para notificar una negativa provisional.
• Una tarifa individual ha sido establecida cuando México sea designado ya sea en una solicitud internacional, en una designación posterior a un registro internacional o con relación a la renovación de un registro internacional.

Los siguientes importes en francos suizos han sido fijados:

• Es importante considerar, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se reserva la facultad de estudiar el ámbito de protección de una solicitud de marca internacional y emitir requerimientos de forma y/o fondo cuando así proceda.

Nuestra firma da la bienvenida de este nuevo sistema a nuestro marco legal y ofrece su asistencia para el manejo y presentaciones ante la Oficina de Marcas en México.

Para mayor información sobre la implementación del Protocolo de Madrid en México, visite nuestro sitio web en www.ppm.com.mx.

El uso de la Clasificación Internacional es obligatorio para todos los países que, como México, forman parte del Arreglo de Niza. Además, dicha Clasificación es obligatoria para los Registros Internacionales de Marcas y sirve como referencia en países que no son parte de referido Arreglo.

Con el propósito de actualizar la clasificación de productos y servicios ante las nuevas condiciones de mercado en todo el mundo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha publicado la décima edición de la Clasificación Internacional en idioma inglés y francés.

De esta forma, México se convierte en el primer país en llevar a cabo la traducción y actualización de la décima edición de la Clasificación de Internacional, en una versión al español.

Asimismo el IMPI publicó la Lista Complementaria de productos y servicios que no están comprendidos en la Clasificación Internacional pero que son susceptibles de clasificarse en nuestro país.

La Clasificación Internacional y la Lista Complementaria constituyen herramientas para la correcta clasificación de los productos y servicios, al mismo tiempo, brindan certeza y seguridad jurídica a los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial en el trámite y registro de signos distintivos.

Ambos mecanismos entraron en vigor el primero de enero de 2012.

Así, el ambush marketing surge en contraposición a los derechos adquiridos por los patrocinadores oficiales, quienes han invertido importantes cantidades de dinero para asociar su marca al evento en cuestión. Es considerada como una conducta parasitaria, por los organizadores de estos eventos, por estimar que hay un aprovechamiento del prestigio y esfuerzo ajeno.

El argumento central de las empresas que persiguen este tipo de prácticas, se basa en señalar que, de permitirse el ambush marketing, se perdería el interés de convertirse en patrocinador oficial de algún evento, y esto afectaría a futuro la capacidad de financiación de los propios eventos.

Suelen mencionarse dos tipos principales de ambush marketing:

1) Por asociación -  Se da cuando quien no es patrocinador da la impresión de serlo, utilizando logos, símbolos o mascotas de un evento y;

2) Por intrusión -  Se cuando quien no es patrocinador intenta asociarse al evento por medio de la publicidad y de su exposición frente a los asistentes o espectadores del evento.

En estos casos, aún y cuando exista una presencia promocional en las cercanías del evento sin hacer referencia expresa al mismo, se considerará que hay ambush marketing, por la aparente finalidad de participar en la conciencia del público y ganarse la atención de la audiencia del evento.

Si bien es cierto que con el ambush marketing no hay una infracción directa a los derechos en materia de propiedad intelectual de los organizadores, además de que puede considerarse que existen vacíos legales que propician dichas prácticas; también lo es que, hay una clara tendencia mundial para impedir que se lleven a cabo esta tipo de campañas publicitarias.

Por lo que refiere a la regulación del ambush marketing en México, nos tenemos que remitir a los actos de competencia desleal de forma genérica. Se pueden mencionar las fracciones I y IX de artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que al efecto establecen:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
…
IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
…” A nivel internacional, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prevé al respecto lo siguiente:

“Artículo 10 bis [Competencia desleal]
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
a. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
b. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
c. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

”Quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o aclaración relacionada.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) es la autoridad garante en materia de protección de datos personales y tiene la facultad de imponer sanciones a quienes incumplan alguna disposición de la Ley. No obstante, otras dependencias de la Administración Pública Federal colaborarán con el IFAI en la emisión de la regulación y de normas específicas. Entre ellas están las secretarías de Economía, Salud, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público y Educación.

A fin de que tanto el IFAI, en su carácter de autoridad, como las personas físicas y morales, en su carácter de sujetos obligados, se preparen para estar en condiciones de aplicar y cumplir con la Ley, se establecieron una serie de plazos. A más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley (6 de julio de 2011), las personas físicas o morales que posean bases de datos y decidan sobre el tratamiento de datos personales, deberán expedir los Avisos de Privacidad y designar a la persona o departamento para atender las solicitudes de los titulares de los datos.

El Aviso de Privacidad es el documento a través del cual los titulares de los datos podrán conocer la finalidad que tendrá la información que se les pida. El Aviso de Privacidad deberá proporcionar además, información que permita identificar a la empresa que recaba los datos y deberá precisar la forma de hacer efectivos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).

Por otro lado, los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las personas designadas por las empresas, 18 meses después de la entrada en vigor de la Ley.

El incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares puede resultar en multas que van desde los $5,982 a $9,571,200 en caso de datos no sensibles, de $11,964 a $19,142,400 en caso de datos sensibles, y en caso de reincidencia, multas adicionales que pueden ir de $5,982 a $19,142,400. Existen responsabilidades penales para sancionar hasta con 5 años de prisión a los responsables que bajo ciertas circunstancias hagan un uso ilícito de la información personal que tratan.

Esperamos que el presente comunicado sirva para que adopten las medidas y modelos pertinentes en cumplimiento de la Ley referida. Nos ponemos a sus órdenes en caso de que requieran asesoría especializada en la materia.

Las impresiones de los comprobantes fiscales digitales deben cumplir con los requisitos señalados en la fracciones I, II, III, IV, VI y VII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, RFC de quien los expida, folio, Lugar y fecha de expedición, RFC de la persona a favor de quien se expida, Valor unitario, importe total, monto de los impuestos, Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación).

En el ámbito marcario los comprobantes fiscales suelen ser efectivos elementos de prueba para comprobar el uso de una marca; ya sea, en la defensa un registro marcario en procedimientos de caducidad; o bien, para solicitar en determinados supuestos, la nulidad de otra marca igual o similar en grado de confusión. Para efectos de lo anterior, los comprobantes fiscales digitales también deben cumplir con determinados requisitos como: contener la indicación de que se trata de una marca registrada, incluir la marca al hacer referencia al tipo de producto o servicio de que se trata, y en su caso incluir el diseño de la marca. Por ello recomendamos que al alinearse a las nuevas disposiciones fiscales al emitir comprobantes fiscales digitales, se tomen las previsiones necesarias para incluir referencias marcarias en los mismos con la finalidad de acreditar su uso efectivo en caso de ser necesario.

Es preciso señalar que los servicios de publicación que ofrece Trademark Info Corp, no tienen soporte o valor jurídico alguno, ni se encuentran contemplados en nuestra legislación.

Les solicitamos hacer caso omiso de las propuestas enviadas por dicha compañía, que únicamente buscan sorprender y engañar a legítimos titulares de marcas ya registradas.

Extorsiones sobre el Registro de Nombres de Dominio en Asia y Marca en Internet

De igual manera, nos hemos enterado de comunicados enviados por supuestas empresas localizadas en el continente asiático que extorsionan a titulares de marcas y nombres de dominio en todo el mundo, haciéndose pasar como organizaciones oficiales o acreditadas de registro de nombres de dominios.

Generalmente señalan que un tercero, en sus respectivos países, tiene interés en registrar nombres de dominios idénticos a sus marcas o nombres de dominio registrados en México y que ellos percatándose de esta situación buscan, de buena fe, llegar a un arreglo, exhortando a registrar nombres de dominio a través de ellos.

Lo cierto es que no vale la pena dar importancia a este tipo de comunicaciones por lo rogamos hacer caso omiso de ellas.

En caso de que efectivamente tengan interés en registrar su nombre de dominio con una terminación distinta a la ya registrada, sugerimos llevar a cabo el trámite directamente a través de registradores de nombres de dominio debidamente acreditados.

De esta forma, los usuarios ahora pueden identificarse y compartir su perfil más fácilmente, siendo así posible que puedan eligir como nombre de usuario, cualquier denominación no reservada al momento de registro.

El criterio de asignación para un nombre de usuario se lleva a cabo con base en el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”. Lo anterior significa que los clientes de Facebook pueden utilizar como nombres de usuario, marcas registradas de terceros, afectando así derechos existentes en materia de propiedad industrial.

De conformidad con las Políticas de Uso de Facebook, el nombre de usuario tiene que cumplir su declaración de derechos y responsabilidades, reservándose así la empresa el derecho de retirar o eliminar cualquier nombre en cualquier momento por cualquier razón, incluyendo violaciones en materia de propiedad industrial.

En consecuencia, Facebook ha implementado un proceso de presentación de informes existentes de infracción con la finalidad de proteger los derechos de terceros en su sitio web. De esta forma, en caso de que algún nombre de usuario infrinja alguno de sus derechos, es necesario denunciar este hecho, llenando el formulario automatizado sobre vulneración de propiedad industrial, que se encuentra disponible siguiendo el siguiente vínculo:
www.facebook.com/copyright.php?noncopyright_notice=1

Pero hay creaciones muy antiguas que siguen tan vigentes como en el día en que se concibieron; como la pintura, la rueda, el reloj por citar algunas.

A continuación, presentamos algunas de las invenciones que fueron objeto de patente y han hecho historia:

Siglo XVI

1589

EI W.C. Aunque los inodoros aparecieron por primera vez en la India alrededor del año 2500 A.C., y fueron usados en Egipto y China, la invención se atribuye al inglés Sir John Harington, poeta y ahijado de la reina Isabel I. quien diseñó un inodoro provisto con un tanque de agua. El uso de los inodoros con tanque de agua fue instalado ya de manera masiva en la Inglaterra Victoriana del siglo XIX.

La primera patente para un escusado con agua fue la patente inglesa , No. 814, otorgada a Alexander Cummings, un relojero inglés, en 1775, la cual reclamaba el que al jalar el escusado, un poco de agua quedaría como remanente, a fin de evitar que los gases se filtraran de regreso a las casas.

Siglo XVII

1679

Cepillo de dientes. Este objeto tal y como lo conocemos hoy, fue un invento del siglo XVII utilizado en la corte francesa y el cual era fabricado con crines de caballo de otros animales.

La primer patente para un cepillo de dientes, fue otorgada a H. N. Wadsworth en 1850. Aunque su producción en masa empezó hasta 1885. Paro este invento se utilizaba pelo de jabalí siberiano. El problema principal con este cepillo fue que el pelo de jabalí retiene muchas bacterias. Sin embargo el problema se resolvió con el cepillo de dientes de nylon patentado en Estados Unidos en 1938. En el 2003, el cepillo de dientes fue seleccionado como el invento número uno, sin el cual los estadounidense s no podrían vivir, de acuerdo con el Lemelson·MI T Invention Index.

Siglo XVIII

1762

Sandwich. Esta popular forma de alimento fue producto del juego. John Montagu, Conde de Sandwich, fanático de los juegos de azar, no se levantaba de la mesa para comer y, por ello, le pedía a su cocinero que le preparara un poco de carne entre dos rodajas de pan untado con mantequilla.

Se han concedido patentes referentes a los métodos de elaboración de los sándwiches, pero una patente concedida que ha causado polémica, es la patente estadounidense No. 6,004,596, concedida el 21 de diciembre de 1999, en la cual el dueño (titular) Menusaver, lnc. (parte de J.M. Smucker Co.) protegió un sándwich de cacahuate con mermelada, sellado, y sin "las orillitas del pan”; es decir, un invento que ciertamente no cumple con la característica de no ser obvia!. Como nota final, cabe señalar que dicha patente no fue solicitada en México.

Siglo XIX

1870

Abrelatas. Lo curioso de lo historia del abrelatas es que la lata en conserva fue inventada primero, en 1810. Pero como en un principio eran enormes y de gruesas paredes de hierro, no se pensó en desarrollar un abrelatas. Sólo fue necesario cuando los envases se hicieron más livianos y ya no había que usar cincel y martillo, o, en el caso de los soldados, la bayoneta o un tiro de fusil. El primer abrelatas, entonces, fue patentado por William W. Lyman. El primer abrelatas eléctrico fue introducido al mercado en 1931. 

Este último ámbito resulta ser de singular importancia, ya que es precisamente el derecho de la Propiedad Industrial el encargado de proteger y regular la explotación y comercialización, tanto de las marcas registradas que se  utilizan en eventos de esta naturaleza, la imagen de los futbolistas y de los derechos de transmisión del evento.

Es por todos sabido que el valor de una marca, así como de la imagen de una figura pública cuando se explota comercialmente, se determina por su fama o nivel mundial y por el efecto que producen en los consumidores, por lo que es sumamente importante el proteger su exclusividad y correcto uso, ya que con ello va en juego su patrimonio y su personalidad.

En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial regula de manera detallada y explícita la correcta explotación y uso exclusivo de una  marca registrada a favor de su titular, señalando como infracción administrativa, el uso no autorizado de una marca registrada e imponiendo diversas sanciones sobre dichas conductas.

Por su parte, la  Ley Federal del Derecho de Autor, así como los diversos tratados que México ha ratificado, regulan lo respectivo al uso y explotación de obras literarias y artísticas también a favor de sus titulares, reconociendo dos tipos de derechos a saber: morales (unidos a la persona del autor y por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables) y patrimoniales (mismos que pueden ser transmitidos a favor de terceras personas paro su uso y explotación comercial y obtención  de beneficios económicos), incluyendo los derechos que se derivan  de estas obras o creaciones conocidos como derechos conexos. La violación a estos derechos es también considerada como una infracción administrativa  y, por lo tanto, sancionable en términos de ley.

No obstante lo anterior, nuestra legislación  no señala una regulación especial con respecto al uso en cualquier medio de la imagen de las personas, como es el caso de los futbolistas por ejemplo, pero sí persigue evitar que terceras personas, se aprovechen de la imagen  o prestigio de un tercero, ya sea para obtener un lucro o un beneficio personal, proporcionando los medios necesarios para evitar legalmente, que este tipo de conductas contrarias a la imagen de  las personas se lleven a cabo. En este sentido la Ley Federal del Derecho de Autor señala que utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes, constituye una infracción en materia de comercio cuando esta conducta  se lleva a cabo con fines de lucro directo o indirecto, y señala al efecto sanciones  derivadas de este tipo de infracciones.

Al amparo de este precepto, los futbolistas, sus representantes o causahabientes, están en posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo de infracción en materia de comercio, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad encargada de regular y en su caso sancionar, el uso indebido del nombre o de la imagen de una persona.

Finalmente, es importante señalar que doctrinalmente y a nivel internacional, existe el llamado "derecho de arena”, que es el derecho a la propia imagen. Este derecho pretende evitar que  figuras públicas vean su fama lesionada por el uso indebido que de su imagen hagan terceras personas.

Concretamente, este derecho protege la buena fama de una persona conocida, obligando a aquellos que publiquen una fotografía o artículo que resulte perjudicial, o pagar los daños y perjuicios que esta actividad ocasione.

En  este orden de ideas, el marco jurídico antes definido busca orientar de manera general a las personas, a los empresas, y al público en general sobre el gran riesgo que pueden correr si pretenden aprovecharse en cualquier sentido, ya sea comercial y/o a través de publicidad, del evento futbolístico en comento, sin contar con autorización de los titulares de los derechos correspondientes. 

Los requerimientos para obtener la protección para un Modelo de Utilidad son el que el invento sea nuevo, es decir, que no exista algo similar o semejante, y que pueda ser aplicado a la industria; la Patente en cambio, requiere que el invento, además de que sea nuevo y que tenga aplicación industrial, deba de tener actividad inventiva, es decir, que no sea obvio frente inventos existentes.

Cabe agregar que los Modelos de Utilidad  están dirigidos a la protección de objetos, utensilios, aparatos o herramientas. La protección de una patente abarca casi todo invento desarrollado por el intelecto humano.

La protección que confiere un Modelo de Utilidad tiene una duración de 10 años contados de la fecha de su solicitud.

VENTAJAS DEL MODELO DE UTILIDAD.

La gran ventaja del Modelo de Utilidad es que se puede proteger un invento sencillo y que no requiere de una investigación profunda, para que este sea concedido por el Instituto Mexicano de la  Propiedad Industrial (IMPI).

Otra ventaja que tiene el Modelo de Utilidad, es la rápido concesión de éste. El tiempo de tramite ante el IMPI dura entre 1 y 2 años, considerando la extensa investigación que realizan, los examinadores en e IIMPI, este es un periodo corto de tiempo.

Un buen ejemplo de un Modelo de Utilidad es la televisión en los automóviles.

Ambos productos ya existen, la televisión desde hace mas de 50 años y el automóvil desde hace mas de 100. Sin embargo, hace poco tiempo se le ocurrió a alguien juntar a los dos, en televisor en el automóvil. Si a un inventor se le hubiera ocurrido hace 25 años, la idea no hubiera sido descabellada, ya que existían ambos productos, pero la combinación de los dos no.

El resultado?  Un Modelo de Utilidad con grandes expectativas de venta en el mercado automotriz y sin haber requerido de una gran investigación.

En que ramas del comercio puedo proteger un modelo de utilidad? En todas, siempre y cuando no se le haya ocurrido lo anterior a otra persona, el titular del Modelo de Utilidad podrá explotar durante 10 años de forma exclusiva su invento en cualquier rama del comercio en la cual se ejerza.

Porque le da el IMPI protección a un modelo de utilidad por 10 años en vez de 20 como una patente? Porque echar a volar la imaginación no cuesta, investigar si. Somos de los países afortunados en tener esta figura, explótela!

FUNCION DE DISTINCIÓN

Se puede decir que jurídicamente, la función por excelencia de la marca es la de distinguir a determinado producto o servicio de aquellos iguales o similares; esta función es precisamente la de distinción, en donde la marca otorga al producto o servicio una individualidad frente a las demás.

La función de distinción va ligada estrechamente a la capacidad de acaparar a la clientela,  además, a través de esta función de distinción la marca se relaciona con el prestigio de su productor y hace que la calidad de un producto o servicio sea fácilmente identificable.

La función de distinción de la marca es la que directamente es apreciada por el consumidor, ya que son los signos visibles los que se quedan en el ánimo de éste y hacen únicos a los productos o servicios que son puestos a su disposición.

FUNCION DE ORIGEN

El registro de una marca otorga al titular, la exclusividad a su uso y es por eso que al conocer determinado producto tendremos la seguridad de que es elaborado directamente, bajo la supervisión, o con los mismos estándares del productor original.

Por otra parte, la función de procedencia otorga al comerciante la seguridad de que el consumidor reconocerá los cuidados que ha dado a la elaboración y fabricación de sus productos, sus volúmenes de ventas y su reputación; asimismo, para aquel que presta un servicio esta función representa la seguridad de que el consumidor acude a él por haber creado en éste una satisfacción. Por otra parte, dicha función procedencia garantiza el prestigio de las grandes empresas, lo cual se ve reflejado en su posicionamiento en el mercado comercial.

FUNCION DE PROTECCIÓN

La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por las cuales tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor, habituándolo a reconocer ciertos productos con determinada marca. Hacer prevalecer el correcto desarrollo de la competencia, es quizá la finalidad primordial de que los conceptos de propiedad industrial hayan sido objeto de una normatividad legal, y son las reglas y disposiciones de la legislación las que van encaminadas al adecuado desempeño y protección de los signos distintivos.

FUNCION ECONÓMICA

Una marca puede llegar a constituir el elemento primordial o activo principal de una sociedad mercantil o prestadora de servicios, de ahí que los signos distintivos representen una función económica para el desarrollo de una empresa o establecimiento. La clientela es atraída a determinado producto o servicio por la marca que los identifica, y es la clientela quien determina la vida de la empresa o establecimiento por medio del intercambio comercial que hacen de sus productos o servicios.

Dentro de la función económica, se debe considerar también a la publicidad que se hace de la marca, ya que es a través de esta como se da a conocer una marca en la sociedad, además de que el ingenio de determinado anuncio basado en la marca, puede contribuir a que los productos sean vendidos con mayor facilidad.

Por lo anterior,  es importante mencionar que la marca en el campo económico, es un instrumento indispensable en la distribución de las mercaderías y de la promoción de ventas.

Las calidades económicas de las marcas no sólo tienen influencia en el plano nacional sino también en la exportación, al representar el vehículo ideal para penetrar en los mercados extranjeros.

Derivado de las principales funciones señaladas con anterioridad, consideramos a la marca no solo como la estrategia fundamental para penetrar en el mercado del consumo, sino como el pilar básico y trascendente para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, de ahí la importancia imperiosa e imprescindible de solicitar y obtener la garantía del uso exclusivo de una marca, por medio de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

-Un sistema uniforme y eficaz para la presentación en más de 120 países (ver mapa), mediante la presentación de una única solicitud internacional.

-Una única solicitud internacional, en una sola lengua, presentada en una sola oficina de patentes, por un costo menor.

-Plazo de 30 meses para decidir si se extiende la protección en uno o varios países, es decir, 18 meses adicionales a los 12 meses otorgados cuando se presenta ante la Oficina de Patentes Nacional. Es decir, da al solicitante  un largo período para evaluar el valor comercial de la invención y conocer las posibilidades reales de la concesión.

-Una única búsqueda de antecedentes, de gran calidad a nivel internacional, y un único examen preliminar internacional que proporciona referencias para que el solicitante pueda tomar la decisión de si debe presentar en otros países o abandonar el caso.

Es decir, el PCT es el medio idóneo para poner las invenciones del hombre al alcance de la comunidad internacional.

Este tema, que en principio no debería provocar mayores problemas, tiene diversas aristas, sobre todo si se toma en cuenta que el incumplimiento de esta obligación ocasiona una sanción importante: la caducidad del registro, o lo que es lo mismo, la pérdida del derecho de utilizar la marca en forma exclusiva.

Muchos titulares de marcas se ven imposibilitados de utilizarlas directamente en territorio nacional, por lo que recurren a diversos licenciatarios o usuarios autorizados para hacerlo. Si la autorización para utilizar la marca es inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el uso que haga el licenciatario se equipara al  realizado por el titular.

Cuando el licenciatario va a producir, elaborar o manufacturar los productos protegidos por la marca, queda claro que éste deberá contar con licencia para usar la marca. Lo que ha sido motivo de intensos debates es si el distribuidor o comercializador de los productos amparados por la marca debe contar con licencia inscrita.

De la redacción de los artículos que regulan el uso de las marcas, la autorización para su uso, y la necesidad de inscribir la licencia de uso respectiva, no se desprende la obligación de otorgar dichas licencias y por ende de inscribirlas, cuando se trata de simples distribuidores o comercializadores del producto. En la explotación de la marca entendida como: manufactura de los productos que ampare la marca, licencia que deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que surta plenos efectos frente a terceros.

Este principio tiene además fundamentos prácticos. Sería imposible, por ejemplo, suponer que una gran tienda departamental o un supermercado, precise contar con licencia de uso, de todas las marcas de productos que en dichos establecimientos se comercializan. Lógicamente no cuentan con tal autorización. Ello no quiere decir que determinada marca no está en uso en México, solamente por que quien la comercializa o distribuye no tiene licencia de uso inscrita.

En este sentido, la publicidad es una técnica de comunicación masiva de mucha utilidad, ya que difunde mensajes a través de medios de comunicación, con el fin de persuadir a la audiencia al consumo.

En este sentido, el proceso lógico para lograr los fines de difusión, conocimiento y prestigio público de los productos, aunado a la  protección de la originalidad de la estrategia frente a terceros, consistiría en obtener un registro marcario que ampare la denominación o frase con la cual se conocerá el producto o servicio, y que  los identificará de los ofrecidos o prestados por terceros,  y con posterioridad lanzar una campaña publicitaria en la medida de las posibilidades del comerciante.

Sin embargo, este procedimiento no es del todo sencillo, ya que en principio, es esencial que la marca que se conciba, reúna los requisitos de registrabilidad que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, que se trate de una denominación original, diversa de lo ya obtenido por terceros, y que no describa o califique los productos o servicios per-se, y posteriormente,  la campaña publicitaria debe de igual manera llenar una serie de requerimientos antes de llegar al auditorio.

En México,  la Ley Federal de Protección al Consumidor es la encargada de regular la publicidad, precisamente en beneficio y cuidado de los intereses de los consumidores. La protección que provee esta Ley, está encaminada a evitar que el consumidor sea inducido a error o confusión con respecto al bien o servicio que está adquiriendo.

La Ley a la que nos referimos, establece en específico que la información o publicidad de que de se trate, deberá ser veraz, comprobable y exenta de cualquier elemento que por ser inexacto, conduzca al consumidor a error o confusión. Esto se ha estipulado en la ley, ya que desde su nacimiento la publicidad se ha enfrentado a problemas de ética y certeza que han ocasionado consecuentemente el descontento e incomodidad tanto de consumidores como de competidores.

Recientemente, la Ley  Federal de Protección al Consumidor ha sufrido una reforma, misma que incluye la prohibición de usar marcas o denominaciones de origen que por sus elementos, puedan confundir o engañar a los consumidores, como sería el caso por ejemplo, de registrar y en consecuencia usar una frase como:

“Seguros CAIMÁN, con nadie estará más protegido”

“nadie le tiene productos más económicos que BODEGAS MARIQUITA”.

Con la reforma anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor adquiere facultades especiales para:

-Ordenar la suspensión en el uso de una marca o denominación de origen, o bien, ordenar su corrección o modificación.

-Verificar que la publicidad no sea engañosa y abusiva en los términos descritos;

-Aplicar medidas preventivas tales como la suspensión de la publicidad que vaya en contra de estos preceptos.

-Ordenar la suspensión o la corrección de la publicidad que considere engañosa.

-Imponer multas.

Como consecuencia lógica de lo anterior, la reforma efectuada resulta en cierta forma incongruente con la Ley de la Propiedad Industrial, haciendo imposible empatar algunos aspectos de ambas disposiciones, y atribuyendo a la Procuraduría ciertas facultades que parecen rebasar su campo de aplicación, generando una cierta inseguridad jurídica para aquellos que detentan derechos de propiedad industrial.

En este contexto, evite el riesgo de que su campaña publicitaria sea suspendida y que su marca no le ofrezca ninguna utilidad o distinción, ideando estrategias de mercado que cumplan a la par con las disposiciones legales en materia de protección al consumidor y Propiedad Industrial.

 Evidentemente se cae en un círculo, en donde quien saca provecho de un sistema, reinvierte en el sistema para sacarle mayor provecho; y, quien no saca provecho del sistema, no invierte porque no sabe como, o no puede obtener provecho del sistema.

En esencia, una patente se define como la protección que otorga el estado a un producto o método que es novedoso, resultado de una actividad inventiva, y con una aplicación industrial, durante un período determinado de tiempo. Las patentes permiten a una empresa o individuo gozar de los frutos económicos de su investigación, impidiendo que los competidores copien sus inventos o mejoras, dándole un monopolio temporal sobre sus desarrollos.

Las patentes estimulan la creatividad aplicada de las personas, garantizando a quienes descubren nuevos procedimientos o inventan nuevos productos, una retribución adecuada.  La creación de nuevos productos debe de ser una parte primordial de toda empresa en el mundo actual, y las patentes son la única forma de mantener esa ventaja competitiva. Es por eso que las grandes empresas en todos los ramos de la industria, invierten cantidades muy importantes en la investigación y desarrollo.

Evite

-Palabras de uso habitual, que se hayan convertido en elementos comunes de marcas en el mercado de productos y/o servicios, tales como: MAXI, PLUS, MEGA, MINI, SUPER, DEL!, HIPER, POWER, DATA;

-Palabras de uso común, es decir, palabras cuyo significado directo esté relacionado con los productos o servicios, ya sea en Español o bien en su traducción  a otros idiomas, como por ejemplo: FOOD, MILK, CHOCO, PIZZA;

-Palabras que indiquen el origen geográfico de los productos o servicios, como por ejemplo ITALlAN, DEL CARIBE, AMERICANO;

- Prefijos o sufijos que evoquen cualidades de los productos o servicios, tales como superlativos o adjetivos calificativos, que si .bien se pueden usar y eventualmente registrar como marcas, serian difíciles de defender frente a terceros, por ejemplo: CREMOSA. SUAVE, SUPER, MEJOR, FAClL, PROFESIONAL, AVANZADO, DELI, LlGHT, LIGERA, RICA, DOLO (en medicamentos).

- La manipulación de marcas descriptivas, no puede lograr necesariamente el fin de hacer una marca original, por ejemplo: R/-K para algún alimento o bebida.

Prefiera

-Palabras que “sugieren” características positivas de los productos o servicios, por ejemplo HERCULES sugiere fuerza.

-Palabras reales con significados reales, pero son relación con los productos o servicios, por ejemplo: DISCOVERY para juguetes educativos.

-Las marcas más fuertes son aquellas que no tienen significado alguno como por ejemplo: KRAFT®, L’OREAL ®.

-Combine dos palabras que individualmente no serían originales o registrables, como lo son por ejemplo: WORDSTAR®, RAYBAN®.

-Si considera esencial para los fines de su negocio incluir en la marca palabras descriptivas, añada un elemento original como por ejemplo CHOCOTORRO®.

Muchas marcas pueden contener elementos  de los que hemos sugerido omitir, y que pese a ello puedan obtener un registro completamente valido, por no incurrir en ninguna de las prohibiciones que señala la Ley. Sin embargo, pueden ser marcas poco originales que se perderán en un mar de palabras, sin ninguna originalidad o significado, que las distinga o relacione con el prestigio de su productor o de su prestador.